El nuevo proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria y Rural ha generado una controversia considerable en Colombia. A través de este, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca reglamentar competencias sobre tierras, de acuerdo con compromisos del acuerdo de paz con las FARC. La representante Katherine Miranda, sin embargo, ha levantado serias preocupaciones sobre el impacto potencial de esta legislación, afirmando que podría llevar a la “expropiación exprés” y poner en riesgo la propiedad privada en el país.
¿De qué trata el proyecto de ley?
Este proyecto de ley se centra en la creación de una jurisdicción agraria encargada de resolver conflictos sobre tierras rurales. Establece que las tierras que sean consideradas ociosas o improductivas podrían ser sujetas a expropiación, bajo el principio de que estas deberían ser usadas para el desarrollo rural. De acuerdo con el artículo 5, la reforma agraria y el desarrollo rural son de “utilidad pública e interés social”, lo que abre la puerta para que las tierras improductivas sean reubicadas o redistribuidas.
Este tribunal agrario forma parte de las reformas acordadas en el proceso de paz de 2016 con las FARC, con el objetivo de disminuir la desigualdad en la distribución de tierras y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de Colombia. No obstante, el proyecto ha despertado preocupaciones sobre cómo se implementará y si afectará negativamente a los propietarios actuales de tierras fértiles y productivas.
Las advertencias de Katherine Miranda
La congresista Katherine Miranda ha sido una de las voces más críticas con respecto al proyecto. Según Miranda, se está buscando aprobar esta ley con un mensaje de urgencia, lo que podría llevar a que se apruebe en menos de un mes sin un debate profundo. Una de sus mayores preocupaciones es lo que ella llama “expropiación exprés”, que permitiría al gobierno tomar tierras bajo el argumento de que no están siendo usadas de manera óptima para el desarrollo rural.
Miranda ha señalado que el artículo 5 del proyecto establece que las tierras con potencial agrícola que no estén siendo utilizadas adecuadamente podrían ser expropiadas. Esto genera incertidumbre entre los propietarios de tierras, ya que no está claro cuál será el criterio exacto para determinar si una tierra es improductiva o si, en el futuro, cualquier terreno fértil podría ser considerado sujeto a expropiación.
En su cuenta de X (antes Twitter), Miranda expresó su desacuerdo con la rapidez con la que se está intentando aprobar la ley:
“Mensaje de urgencia para el PL de expropiación exprés. 1. Elimina el debido proceso. 2. Expropiación total. 3. Legaliza las invasiones. Quieren aprobar en menos de un mes el proyecto de ley que acabaría la propiedad privada en Colombia”, afirmó.
¿Es realmente el fin de la propiedad privada?
La expropiación de tierras es un tema sensible en Colombia. Históricamente, la tenencia de la tierra ha sido fuente de conflicto, y el acceso desigual a la misma ha perpetuado las brechas económicas en el país. El objetivo de la reforma agraria es corregir estas desigualdades, pero muchos temen que la forma en que este proyecto de ley está redactado pueda llevar a abusos en la expropiación de tierras.
El proyecto de ley establece que las tierras rurales que no se utilicen para el beneficio común podrían ser expropiadas en virtud de su “función social y ecológica”. Sin embargo, los detractores, como Miranda, argumentan que esto podría abrir la puerta para que el gobierno tome tierras sin respetar los derechos de propiedad, especialmente en áreas fértiles y productivas.
Miranda también ha señalado que el artículo 12 otorga “superpoderes” a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), permitiendo a esta entidad tomar decisiones sobre tierras rurales en casos donde no haya una regla especial de competencia. Esto ha generado preocupaciones sobre la posible centralización del poder en la ANT y cómo esto podría afectar el debido proceso en casos de disputa sobre tierras.
Los argumentos a favor
No todo son críticas hacia el proyecto de ley. Los defensores de la iniciativa argumentan que la reforma agraria es necesaria para corregir la profunda desigualdad en la distribución de tierras en Colombia, una de las causas fundamentales de la pobreza y el conflicto armado en el país. Según ellos, el proyecto de ley no busca despojar a los propietarios legítimos de sus tierras, sino más bien asegurar que las tierras rurales se usen de manera productiva para beneficio de la sociedad en su conjunto.
Además, los partidarios del proyecto señalan que está alineado con los compromisos del acuerdo de paz de 2016, en el que se prometió a las comunidades campesinas una mayor participación en el desarrollo rural y el acceso equitativo a la tierra.
El papel de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto de ley es el papel ampliado de la Agencia Nacional de Tierras. Bajo esta legislación, la ANT tendría autoridad para intervenir en la resolución de conflictos agrarios y rurales, y se le otorgarían mayores facultades para determinar qué tierras pueden ser expropiadas bajo el principio de utilidad pública.
Los críticos argumentan que esto otorga demasiado poder a una sola entidad, lo que podría llevar a decisiones arbitrarias o poco transparentes sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo, los defensores de la ley insisten en que la ANT está mejor equipada para abordar los conflictos de tierras de manera justa y eficiente, y que su intervención es necesaria para implementar de manera efectiva la reforma agraria.
¿Qué sigue para el proyecto de ley?
El futuro del proyecto de ley es incierto. Aunque cuenta con el apoyo del gobierno y de algunos sectores rurales, enfrenta una fuerte oposición por parte de congresistas como Katherine Miranda, así como de propietarios de tierras y grupos económicos que temen que sus derechos de propiedad se vean erosionados.
El mensaje de urgencia del gobierno sugiere que el proyecto de ley podría ser aprobado rápidamente, pero es probable que continúe enfrentando un intenso debate en el Congreso y en la sociedad colombiana. Mientras tanto, el llamado de muchos es a un diálogo más amplio y detallado sobre las implicaciones de esta ley, para asegurar que se logren los objetivos de la reforma agraria sin sacrificar los derechos de propiedad.
¿Hacia dónde va Colombia?
El proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural plantea importantes preguntas sobre el futuro de la propiedad privada en Colombia y cómo el país abordará las profundas desigualdades en el acceso a la tierra. Mientras algunos ven en esta iniciativa una oportunidad para corregir injusticias históricas, otros temen que pueda llevar a un debilitamiento de los derechos de propiedad y a un clima de incertidumbre económica.
La clave, según muchos analistas, será encontrar un equilibrio entre los derechos de los propietarios y la necesidad de impulsar el desarrollo rural. En cualquier caso, este proyecto de ley promete ser uno de los temas más controvertidos en la agenda política de Colombia en los próximos meses.
